Por Víctor Manuel Barceló R.

Para Julia Jiménez Alarcón.

In Memorian.

Los acontecimientos recientes, pueden causar: azoro en algunos, por la dificultad de encuadrarlos en rutas lógicas; regocijo en otros, que se solazan en ver como, desde la calle, se pone “a salto de mata” al Presidente en funciones y a quien ha sido “calificado” para sucederle; preocupación a los pensantes –de cualquier tendencia- porque no se vislumbra un futuro halagador para una nación, sin orden y mando claro. Lo rescatable está en los ajustes –obligados por las circunstancias- que distraen con “análisis” mediático de cuanto acontecimiento -importante o no para la vida de la nación- esté ocurriendo, los que se dan en un espíritu republicano, soslayando el conflicto social. Pero al no ser producto de negociaciones abiertas, convierten en “teatro chusco” lo que, al final del camino, estará yendo a la modificación profunda de las relaciones de poder, en general y entre los poderes del Estado.

Ver con atención que hacer, tanto para convertir en leyes y reglamentos, lo que ocurre en la práctica, como para fortalecer la ingerencia positiva de los tres poderes en la vida nacional, implicará ajustes de estrategias y de gentes. Sin duda que para quienes aplauden las acciones y decisiones de los organismos electorales, porque dieron el triunfo a su “gallo”, como para quienes no quitan el dedo del renglón considerando como un “cochinero” todo el proceso, para todos es fundamental airear dichos organismos. Esto no solo mediante modificaciones de fondo, que abaraten y transparenten los procesos –mucho hemos hablado de ello- sino nombrando nuevos equipos de profesionales que, “sin mancha” real o virtual, inicien una nueva etapa electoral. Pero la duda tocó en lo alto de los tres poderes. El Presidente “casi desbarrancó la elección”. La Suprema Corte desatendió pedidos de investigación de la ciudadanía, considerando “de segunda su derecho jurídico”.

El Congreso se prestó a juegos de poder, en que las influencias y el dinero –con honrosas pero contadas excepciones- decidieron a favor de grupos, en lugar de legislar para el beneficio de las poblaciones. Ante la pérdida de capacidad para armonizar intereses y brindar protección a millones de empobrecidos en el país, los poderes de la Unión entraron en un tobogán, del que solo saldrán mediante cambios profundos, estructurales, de sus obligaciones y funciones. Las reglas electorales nuevas, deberán tender a facilitar el juego democrático del Sistema de Partidos, ofreciendo opciones ideológicas claras y oferta de acciones cercanas a los intereses de la población, por cada uno y todas las agrupaciones políticas; del mismo modo, las instituciones nacionales –algunas que gozaron de enorme prestigio hasta hace algunas décadas- tendrán que entrar en una revisión -serena y clara- de su estructura, sus estrategias y fines, tanto para recuperar hitos de su vida anterior –son hijas de tres grandes procesos sociales- como para sintonizarse con un futuro, soberano para la nación, de bienestar para pueblos y comunidades. Se habla para ello, de una nueva Constitución Política.

Como si la actual fuese obsoleta o cumplida en su mayor parte. Suena absurdo buscar el cambio por el cambio mismo. Confundir las “trácalas” y manejos turbios de un proceso electoral, que no resultó como lo esperaban algunos, con fallas en la legislación primigenia, es un error de base. Se requieren ajustes, no hay duda, pero serán para robustecer artículos que han sido “tocados” y que necesitan su puesta al día. Ejemplos: El Art. 27, para precisar como controlar los Contratos de Servicios Múltiples, las concesiones mineras, la producción privada de energía eléctrica. El 28 para una mejor aplicación de la lucha antimonopolios.

El 115 para decidir la autonomía fiscal en los municipios, entre otras cosas. Tal vez encontremos muchas de las urgencias nacionales, para recuperar la rectoría del Estado, en la actitud gubernamental o en el ajuste o conformación de reglamentos. Varios artículos constitucionales aún no han llegado a esa segunda fase jurídica. Esa es tarea prioritaria en el inmediato futuro, con una amplia participación de la sociedad organizada, o viviremos un sexenio más, de avance neoliberal mediante privatizaciones subrepticias, en detrimento del Estado y de la salud física, mental y espiritual de los mexicanos. Entretanto, esperemos a conocer los acuerdos de la Convención Nacional Democrática. Ojala no nos lleve hacia el “síndrome de reformismo constitucional latinoamericano” como ya se le nombra a esta tendencia.

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